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Ecuador trata de luchar contra la corrupción imperante en la región

La corrupción contamina a la sociedad. ¿Preocuparse, alarmarse? No es para menos. La puntuación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional indica el grado de corrupción en el sector público según empresarios y analistas (100 corresponde a “ausencia de corrupción” y 0 a “muy corrupto”); Ecuador se ubica en la posición 120 de 176 países consultados, y su IPC es de 31.

La preocupación por los casos de corrupción se ha incrementado hasta el 14%, frente al 9,6% de 2016
Ana Ayala / Claudia Arteaga
2017-12-19

La corrupción afecta a todas las regiones del planeta. Los países con altos índices de corrupción registran más mortalidad infantil, crean menos riqueza, menos empleo, disminuyen menos los índices de pobreza, dice el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Las Américas (Quito).

El analista considera que uno de los factores para que la corrupción siga en curso tiene que ver con la concentración de poderes del Estado y la falta de independencia de los entes de control en los últimos años, la carencia de pesos y contrapesos. “Lenín [Moreno, presidente del Ecuador] recibió un país donde no era posible hacer cambios […]; amarrado todo para que no cambie nada”, manifiesta Albornoz refiriéndose a la administración del Estado y al análisis de la corrupción por parte del nuevo mandatario, luego de que heredó un país manejado diez años por Rafael Correa Delgado, quien señaló en marzo de 2009 que “el presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano”.

Los datos dicen algo distinto. Según el último informe de la empresa encuestadora Cedatos —aplicado en la primera quincena de octubre de 2017, con una muestra de 1.789 hogares de 16 ciudades del país—, un 60% de los consultados respondieron que la gestión que realiza el Gobierno actual sobre el combate y control de la corrupción es eficiente. En 2016 solo un 26% creía que era eficiente y en 2015 el 39% de los encuestados lo calificó de esa manera.

Por otro lado, la preocupación de la población por los casos de corrupción se ha incrementado hasta el 14%, mientras que se consideraba como un problema con un peso del 9,6% en 2016. Está en tercera posición entre los principales problemas que observan los ecuatorianos, luego del desempleo/subempleo y los problemas económicos.

La organización Transparencia Internacional, en el último Barómetro Global de la Corrupción “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, señala que el 62% de los latinoamericanos cree que la corrupción ha aumentado en el último año. Y no es un dato suelto: basta citar los Papeles de Panamá u Odebrecht, que han salpicado a diversos empresarios y políticos del continente.

Este mismo informe refleja la opinión de los latinoamericanos sobre cuán eficaz o ineficaz es la acción de los Gobiernos en la lucha contra la corrupción: un 53% cree que tienen un mal desempeño y el 35% cree que están actuando bien. Dentro de este último porcentaje de percepción positiva se encuentra Ecuador.

Pero, ¿del discurso a la práctica ha cambiado algo? Marcelo Espinel, abogado y miembro de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), considera que no se han implementado medidas conducentes a luchar contra la corrupción, manteniéndose el Gobierno en el discurso. “No tenemos una política clara de datos abiertos […], hasta este momento no hay un proyecto de ley concreto”, indica.

En los últimos meses se han destapado en el país varios casos vinculados a coimas en las obras estatales, y entre los supuestos culpables se encuentran el vicepresidente Jorge Glas (actualmente en prisión), su tío Ricardo Rivera y el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli; continúa una larga fila de nombres de exministros, funcionarios de todo nivel y personajes del sector privado.

Espinel considera que estas investigaciones demuestran avances para combatir la corrupción, pero no son suficientes. Para él, el punto vital es la independencia de la justicia. “Podemos tener la mejor ley de prevención, control y sanción, pero si no tenemos jueces independientes que apliquen esa normativa no nos va a servir de nada”, afirma el abogado.

Pero la corrupción va más allá de leyes y funcionarios. Hay una responsabilidad de la sociedad civil en tomar conciencia sobre el mal que hace la corrupción al modo de vida de cada ciudadano, incluso desde los espacios personales: soborno, plagios, etc.

De acuerdo al Índice de Sobornos en América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, el 28% de los ecuatorianos consultados aceptaron haber pagado un soborno a un funcionario público; es una cifra no tan preocupante como la de México (51%) o la de la República Dominicana (46%), pero hay que eliminar este mal, erradicar cualquier tipo de corrupción y trabajar en una sociedad que se sustente en valores, deberes y derechos. ¿Qué hacer entonces?

Espinel considera que es necesario trabajar en la educación de niños, jóvenes y adultos; educar cívicamente sobre cuáles son las funciones de los Poderes del Estado, “entender que el Gobierno se financia con nuestros recursos y sacarnos de la cabeza la idea de que los políticos me están regalando algo”.

En su opinión, el ciudadano debe involucrarse en la toma de decisiones más allá del derecho al voto y exigir cuentas del mandato que se otorga, “para que los políticos dejen de ser vistos como mesías, sino como ciudadanos que trabajan por su país, con un sueldo pagado por todos”.

El Barómetro Global de la Corrupción señala que siete de cada diez latinoamericanos están dispuestos a participar en la lucha contra la corrupción; esperemos que haya acciones concretas desde la sociedad civil para extirpar este mal que tanto golpea al Ecuador y a la región, impidiendo su desarrollo y progreso, y que los enormes recursos que se pierden por corrupción sean invertidos en bienestar social.

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AUTORAS DEL ARTÍCULO:
Ana Ayala Moreno
,
periodista, NUMBERS by KREAB
Claudia Arteaga,
directora general de KREAB Ecuador

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